La determinación del valor razonable de los activos y de la unidad productiva  en el proceso concursal pasa a ser un parámetro imprescindible que afecta a muchos agentes y, en especial, a los acreedores, financieros y no financieros,  y, a interesados en la adquisición de los bienes y del negocio. Con la reforma, la valoración ya no tiene la relevancia informativa y secundaria que tenía hasta ahora, por cuanto afecta a la cuantificación  de los privilegios especiales, a la asignación de precio en las ventas de las unidades productivas y, a la configuración de las mayorías en la  votación de los convenios. Afecta al inventario  y por primera vez a la lista de acreedores que tiene que confeccionar la AC.  

En los créditos con privilegio especial, por tanto, el administrador concursal si no cuenta con tasaciones vigentes realizadas por el deudor debe solicitar los servicios de un experto independiente, en el caso de los inmuebles, de una sociedad de tasación y no sólo para conocer el valor de realización del activo con que cuenta su concurso, sino para definir la parte de crédito que debe clasificarse como  privilegio especial y la parte que será ordinario. Los créditos con privilegio especial ya no son inmunes a las condiciones del mercado inmobiliario y el administrador concursal debe adecuarlo a ese valor.   Las sociedades de tasación son entidades reguladas por Banco de España, especializadas en la valoración de cualquier tipo de bien mueble e inmueble y con una clara vocación para establecer valores razonables objetivos de mercado, aplicando las distintas metodologías y comprobaciones que se contemplan en la normativa de valoración comúnmente aceptada en España (ECO805/2003), o bien en los Estándares de Valoración Internacional (International Valuation Standards Committe – IVSC) que se materializan en informes de valoración conforme a la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). En cualquier caso, es fundamental que la valoración esté sustentada y justificada mediante la aplicación de estándares de valoración altamente reconocidos y contrastados. La generosidad y claridad en el desarrollo de cualquier informe de valoración y de la normativa aplicada, suelen ser directamente proporcionales a la fiabilidad del valor finalmente obtenido.  

 La tasación experta  y cualificada aporta una profesionalidad necesaria al proceso que evita incidentes y demora procesal y resitúa los créditos privilegiados en función del  contexto actual  de mercado. no del pretérito en el que fue suscrito.

Asimismo, la reforma refuerza el papel del valorador en otro ámbito del informe: La valoración de la unidad productiva. Configurada como un nuevo anexo obligatorio, adicional al del inventario y al de la lista de acreedores, no se trata nada más ni nada menos que de un auténtico informe de valoración de compañía, en este caso, de negocio y para más complicación  en una situación de grave deterioro operativo y financiero. La AC debe realizar (o subcontratar en caso de que no disponga el conocimiento específico necesario) un informe de  valoración que dé luz a los agentes sobre el valor de sus activos, no en un contexto de venta individualizada, sino es un escenario de venta conjunta, donde los intangibles ( no presentes en la mayoría de los casos en el balance) son  imprescindibles en la generación de flujos de caja futuro. La AC debe seguir necesariamente todos los pasos de una valoración : comprensión del negocio, el análisis económico financiero histórico, la modelización de ingresos/costes  e inversiones futuras , el cálculo de cuenta de resultados, balance y cash flows futuros y  el cálculo del wacc o factor de descuento en función del sector y estructura financiera del deudor.

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